🌳 CUESTIONA MEDIDA DEL EJECUTIVO
La diputada Ruth Luque cuestionó que el pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo contemple legislar sobre el uso de armas no letales y equipos especiales de protección para los guardaparques.
La parlamentaria señaló que alrededor de 850 trabajadores tienen a su cargo la protección de más de 78 áreas naturales protegidas, muchas de ellas ubicadas en zonas donde existe presencia de actividades vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales.
⚠️ “UN ARMA NO LETAL NO RESUELVE SU INSEGURIDAD”
Luque consideró que entregar este tipo de armamento no sería suficiente para enfrentar las amenazas que afrontan los guardaparques en determinadas zonas del país.
“Entregar un arma no letal a un guardaparque que debe enfrentar organizaciones vinculadas al narcotráfico o la minería ilegal no resuelve su situación de inseguridad”, sostuvo la diputada.
Según su posición, el problema requiere una intervención estatal que vaya más allá de proporcionar equipos de defensa individual.
🏛️ PROPONE UNA RESPUESTA INTEGRAL
La parlamentaria planteó que el Estado debe implementar plenamente la Ley del Cuerpo de Guardaparques, además de fortalecer el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.
También consideró necesario garantizar los recursos presupuestales y mejorar la presencia y coordinación de la Policía Nacional y la Fiscalía en las zonas donde los trabajadores enfrentan mayores riesgos.
🛡️ PIDEN MAYOR PRESENCIA DEL ESTADO
Luque sostuvo que los guardaparques necesitan contar con una protección integral que les permita desarrollar sus labores frente a organizaciones criminales que operan en territorios donde se encuentran áreas naturales protegidas.
“No necesitan solamente un arma no letal en la mano; necesitan un Estado que los proteja y que recupere el control del territorio”, afirmó al cuestionar el enfoque planteado por el Ejecutivo.
🔎 DEBATE POR LA SEGURIDAD DE LOS GUARDAPARQUES
El cuestionamiento se produce mientras el Congreso evalúa el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La discusión incluye las medidas que deberían adoptarse para proteger a quienes trabajan en la vigilancia y conservación de áreas naturales frente al avance de actividades ilegales.
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